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Campo de concentración «El Colector» (Sevilla)

En 2001, inmerso el Grupo de Trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» de CGT.A en pleno proceso de investigación de la documentación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la construcción del canal del Bajo Guadalquivir (Canal de los Presos), un amigo y familiar de uno de los presos del canal me comentó la existencia de este campo de concentración, así como la localización de la memoria técnica (acta de aprobación de su construcción, proyecto y planos, características constructivas, presupuesto por partidas, etcétera).

Cecilio Gordillo Giraldo

Coord. Grupo de Trabajo: Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A)

 

En 2002, una vez analizada dicha documentación, nos dirigimos a R. Carmona (PA), responsable político del Ayuntamiento en materia de Urbanismo, pidiéndole su colaboración para construir una maqueta de «su» campo de concentración con la idea (absurda, se me comentó) de exponerla en un congreso internacional que ese mismo año se celebraba en Barcelona (Octubre 2002) y donde el grupo participaba con gran protagonismo (tres ponencias, una exposición y un video, con testimonios de presos aún vivos, sobre trabajos forzados de los presos políticos del franquismo).

Nos llamaba la atención, relativamente, la aprobación de la construcción de un campo de concentración de estas características, pero sobre todo que el promotor fuese el Ayuntamiento de Sevilla y que fuese destinado a la realización de una obra civil bajo la dirección de una empresa privada (Entrecales y Távora). También es llamativa la fecha de su aprobación, el 7 de julio de 1937, cuando no es hasta el 1 octubre de 1938 cuando se hizo pública, mediante orden del Ministerio de Justicia, la «redención de penas por el trabajo». La idea era genial, económica y productiva y, evidentemente, era del propio Generalísimo (aunque detrás aparecía elsacerdote Pérez del Pulgar) y consistía en el uso y abuso de los presos políticos (procesados en consejos de guerra por rebelión militar o, simplemente, adhesión a la rebelión) como mano de obra barata, cuando no gratis. Con posterioridad al 28 de septiembre de 1939 se generalizaron estas prácticas para la realización de obras e industrias públicas y privadas con la creación de colonias penitenciarias, destacamentos penales, batallones de trabajadores (BT) o agrupaciones de batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados (BDSTP). Se podría decir, casi con total seguridad, que fue Andalucía y más concretamente el Ayuntamiento de Sevilla uno de los primeros beneficiados por estas prácticas.

La ubicación de este campo, como la mayoría de los destinados a trabajos forzados, estaba lo más cerca posible del «tajo», en este caso en unos terrenos cedidos por la Junta de Obras del Puerto en el antiguo cauce del río Guadaira, margen izquierda de la Corta de Tablada (hoy avenida de las Razas, junto al puente del Quinto Centenario).

La urgencia y el interés general de esta actuación se pueden deducir al leer el acta de constitución de la comisión que se encargó de decidir su puesta en marcha y del control de los trabajos. Entre los asistentes se encontraban el propio Gonzalo Queipo de Llano (general jefe del Ejército del Sur), Joaquín Benjumea Burín (presidente de la Diputación), Ramón de Carranza Gómez (alcalde de Sevilla), excusando su asistencia por enfermedad Pedro Parias González (gobernador civil) y algún otro técnico más. En definitiva, ahí estaban presentes los máximos dirigentes de la trama civil-militar, las «cuatro patas» sobre las que se sustentó el movimiento golpista sevillano. El trabajo a realizar consistía en la «construcción indispensable de un colector de alcantarillado para la desviación del vertido al Guadalquivir» y en cierta forma complementar «las costosísimas obras ya ejecutadas por el Estado, denominadas Plan de Obras de Mejora del Puerto de Sevilla, entre las que se comprende su habilitación como dársena y la desviación del curso del río».

En definitiva, se trataba de corregir algunas de las obras de urbanización realizadas para la Exposición Iberoamericana de 1929 en la zona sur de la ciudad, cuyos desagües vertían los residuos a la dársena, lo que se convirtió en un problema de salud para el área residencial más nueva, pujante e importante de la ciudad, la Palmera, donde se instaló la alta burguesía de la ciudad, a la que se sumaron los dirigentes del «nuevo orden» que ya se habían preocupado por ocupar, o incautar (también lo denominaron expropiar), algunos de los hotelitos construidos en la zona. gerifaltes de segundo orden.
Más tarde dio tiempo, incluso, para construir nuevas viviendas para gerifaltes de segundo orden.

El Ayuntamiento encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de una gran tubería que llevara los vertidos más allá de la esclusa (4 o 5 kilómetros) y ante la falta de trabajadores, los golpistas vieron la luz de su salvación en las cárceles existentes en la ciudad y alrededores, enviando a la empresa a que «eligiera» a esos primeros 250 presos (de las profesiones y categorías laborales necesarias) «sometidos al régimen de regeneración por el trabajo» para la ejecución de la obra. Esa cantidad de presos llegó a triplicarse durante el tiempo que permaneció utilizándose el campo. Incluso la procedencia de estos presos cambió en función del desarrollo de la guerra: si en principio eran del área más cercana, con el tiempo fueron mayoritariamente de Cataluña, pero también de Aragón, Galicia y Valencia. Esa gran tubería construida por presos sirvió, treinta años después, a principios de los años setenta, como escondite a un «famoso preso» fugado del no menos famoso Penal del Puerto de Santa María: Eleuterio Sánchez, el Lute.
Debió ser curioso cómo solucionó Entrecanales el cumplimiento del Art.º 13 del pliego de condiciones de esta obra, donde decía, literalmente: «Los contratistas celebraran con sus obreros contratos de trabajo y deberán cumplir lo dispuesto en materia para obras públicas ejecutadas por cuenta del Estado».

Uno de los documentos que contenía la carpeta era el plano del campo visado en Burgos (Cuartel General de los militares golpistas), cuyas características técnicas y de distribución Interior nos recuerdan a las que, posteriormente, adoptaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esa similitud podría deberse a la presencia de asesores civiles y militares alemanes en dicho cuartel general, pero también en la liberada ciudad de Sevilla, que en muchos casos servía para el «descanso del guerrero» y sus amigos alemanes e italianos.

La distribución interna respondía a cuatro barracones o áreas distribuidas en torno a un amplio patio central.
Cada lado de este rectángulo (78,10 m x 68,10 m) estaba destinado a servicios concretos: 1) oficiales, clases y tropa encargada de la vigilancia del campo, oficinas y enfermería; 2) dormitorios para los presos encargados de la ejecución de las obras del colector; 3) comedores de jefes y reos, la cocina y la capilla; y 4) aseos, lavaderos, garaje y almacenes. Esta figura rectangular facilitaba el control interno y externo de los presos. El autor del proyecto fue el ingeniero de Caminos Jesús Iribas un nombre que encontramos, posteriormente, como miembro del jurado del concurso de selección del proyecto para la construcción de la cruz del monumento a los caídos en Cuelgamuros.

El coste de construcción del campo fue presupuestado en 155.520,61 pesetas (nada barato), pero aún así la cantidad final ascendió a 182 543,38 incluso después de sustituir algunos materiales básicos, pero caros, como la teja árabe por los gratis y cercanos «juncos» del Guadaira, de lo que se deduce –a pesar de lo que nos han contado– que también en aquellos tiempos había «desvíos presupuestarios». La orden de liquidación, de las obras de construcción del campo, fue firmada el 15 de junio de 1938. El campo estaba listo para recibir a presos-esclavos cinco meses antes de la aprobación de la orden que reguló las prácticas esclavistas por parte de empresas privadas.

A este campo de concentración también se le denominó Prisión habilitada de Heliópolis, e incluso «local» y, curiosamente, a pesar de no ser un campo grande (unas 350 plazas, según el proyecto), el 31 de octubre de 1939, tras el cierre del campo de concentración existente en Sanlúcar la Mayor, recibió 926 presos y estuvo funcionando al menos hasta 1941. Conformó junto a otras instalaciones similares, también denominadas colonias penitenciarias, depósitos de presos o Batallones de soldados trabajadores, una corona de espinas de acero que rodearon la ciudad de Sevilla: presa de la Torre del Águila en Utrera, La Corchuela, Los Merinales y El Arenoso en Dos Hermanas, los pinares de Oromana de Alcalá de Guadaira (BBSSTT.96), finca La Jarilla en Brenes, la estación de Alcolea del Río, fábrica de cementos en Villanueva del Río y Minas, estación de bombeo de Alcalá del Río, Cortijo Casavacas y la Azucarera en La Rinconada, Cortijo Caballero en Guillena, Las Arenas en La Algaba, el campo de Sanlucar la Mayor, La Gañanía en La Isla y, mucho más lejos, los situados en Casariche, la finca militar de Las Turquillas entre Osuna y Écija, así como en Lora del Río (BBSSTT. 92 y 94), pero solo Heliópolis estaba dentro de la ciudad.

En los últimos años (2011-2014) hemos vuelto a realizar gestiones; tanto ante la Junta de Andalucía, presentándolo como candidato para que se le declare «lugar de la memoria», como ante el promotor del campo de concentración, el Ayuntamiento, todo ello con el ánimo de que al menos sea señalizado, pero también nos ofrecimos a financiar dicha señalización si, como esperábamos, el argumento negativo se sustentaba en «la crisis». Hasta el momento la negativa de Juan Gallo (PSOE), comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, y el silencio de Juan F. Bueno (PP), concejal del Ayuntamiento de Sevilla, siguen andando el camino que dejaron marcado hace muchos años. Esperamos tener «suerte» con Luis G. Naranjo (IU), nuevo responsable de estos asuntos de la memoria y la democracia en la Junta, a quien ya hemos traslado el tema. La sociedad civil, sin embargo, seguimos intentando arrojar luz (investigando y divulgando) sobre nuestro pasado más reciente en busca de la verdad, para sentar las bases en la búsqueda de la justicia y la reparación a todas aquellas victimas del «trabajo esclavo» de los golpistas primero y de la dictadura más tarde.

Agradecimientos a: M. Rosa, J. L. Gutiérrez, J. Mª. García, M. Fernández, C. Castreño, J. Recio (El Mundo.Sevilla), M. Daza y T. Rubio (El Correo de Andalucía).

Más información:


DE GUZMÁN, E.: «Después del 1 de abril de 1939: Un millón de presos políticos y doscientos mil muertos en España», en Tiempo de Historia, nº 41, abril de 1978.
Accesible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion80_1.pdf CRAWFORD, L.: «Franco's slaves», en Financial Times magazine, 5 de julio de 2003, pp. 22-27. Accesible en: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion99_0.pdf GUTIÉRREZ MOLINA, J. L.: Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente.
Accesible en: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion91_1.pdf

ACOSTA BONO, G.: «Los Merinales: un memorial-centro de interpretación sobre el trabajo esclavo durante el franquismo», Ver en: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento122_0.pdf
TORMO RICO, M. A.: «El Archivo Regional de la Región Militar Centro», en Sistema Archivístico de la Defensa. Boletín Informativo, nº 8, julio de 2003. Accesible en: http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/BOLETIN_SAD_08.pdf
 

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