Segunda derrota judicial de la empresa
Declarada improcedente la sanción de suspensión de empleo y sueldo de David Blanco, delegado de CGT en el comité de empresa de Cauchos Karey

Los juzgados de lo Social están poniendo reiteradamente en su sitio a la empresa Cauchos Karey que, en su guerra contra el comité de empresa surgido de las últimas elecciones sindicales, no dudó en perseguir y acosar a los tres delegados de CGT que conforman la mayoría del mismo.

Primero fue el caso de Israel Abellán, delegado de CGT y presidente del Comité, cuya sanción fue declarada improcedente.

Ahora es David Blanco el que ha conseguido que el Juzgado de lo Social número 6 de Alicante, en su sentencia número 351, de 18 de junio de 2009, falle declarando “la improcedencia de la sanción impuesta, condenando a la demandada (…)a dejar sin efecto la misma, reintegrando al trabajador la cantidad que haya dejado de percibir como consecuencia de la citada sanción”. Contra la sentencia “no cabe recurso alguno”, según el fundamento de
Derecho número cuarto, David trabaja en la empresa desde agosto de 2001, pero tras ser elegido miembro del comité de empresa en la lista de CGT e intentar que Cauchos Karey cumpliera con la normativa laboral vigente, sufrió una persecución y acoso similar a la de sus compañeros Israel e Iván, que culminó el 15 de octubre con una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante 45 días, por la supuesta comisión de una falta “muy grave”: la de no acudir a los locales sindicales para realizar sus actividades sindicales.

El magistrado expone en el segundo de los fundamentos de Derecho la doctrina del Tribunal Supremo, así como la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre la utilización fraudulenta del crédito horario de los delegados para concluir que la empresa no ha probado que nuestro compañero no hubiera realizado la actividad sindical en otros lugares, por lo que “no puede aceptarse que tal actuación pueda suponer un incumplimiento contractual (…) ni, por tanto, ser merecedor de la sanción impuesta, lo que obliga a declarar la improcedencia de la misma”.

De las tres demandas contra la sanción de suspensión de empleo y sueldo de nuestros delegados, los juzgados de lo Social ya han declarado improcedentes dos de las mismas, las de Israel y David, y estamos a la espera de la de Iván, el tercer delegado sancionado, que esperamos que también sea declarada improcedente.

La empresa tendrá que acostumbrarse a cumplir la normativa vigente y a negociar con el comité de empresa presidido por CGT todos los asuntos que sean de su incumbencia.
De no hacerlo, volveremos a recurrir a los tribunales para que sean ellos los que frenen el ímpetu guerrero de una dirección que se caracteriza por la represión y el desprecio hacia los representantes legales de los trabajadores

CCOO, UGT y CSIF aprueban la congelación salarial de los funcionarios

El Gobierno y los sindicatos presentes en el foro del diálogo social (CCOO, UGT y CSI-CSIF), firmaron el 25 de septiembre un acuerdo por el que el salario de los funcionarios se “incrementará” un 0,3% en 2010. Ahí es nada: 3 euros al mes para los que ganen mil euros, mientras que proponen subidas por encima del 1% para el sector privado.
Además, el sistema de revisión salarial pactado para la recuperación del poder adquisitivo en 2012, depende de tantos parámetros (evolución presupuestaria del incremento del IPC, crecimiento económico, capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado y valoración del aumento de productividad del empleo público) que no garantiza la recuperación del mismo.

Lo que sí que se ha asegurado es el mantenimiento de los planes de pensiones en las administraciones públicas, que subirán un 0,3%, 0,5% y 0,7% entre 2010 y 2012, cosa comprensible si tenemos en cuenta que UGT y CC.OO. son los gestores del mayor plan de pensiones en la Administración, por el que han recibido, hasta la fecha, más de un millón de euros cada uno por su gestión, financiándose ambos sindicatos vía gestión de los planes privados mientras venden el mensaje de defensa de los servicios públicos.