Juntos frente a la crisis, defendamos el empleo, el poder adquisitivo y los servicios públicos

La provincia de Alicante terminó febrero con 169.349 personas en paro, la cifra más alta de la serie histórica del paro registrado en la provincia. En un año el paro ha crecido un 62,5%, con la incorporación de 65.115 nuevos parados, mientras la afiliación a la Seguridad Social contabiliza 73.390 bajas netas en un año. En febrero se registraron 27.923 contratos, un 33,5% menos que hace un año. Sólo el 14,4% de los 56.719 contratos de los dos primeros meses de este año son indefinidos. El ritmo de destrucción de empleo prácticamente duplica a la tasa media estatal…

Pues bien, en este desolador panorama social y laboral, el 3 de marzo COEPA reacciona ante el aluvión de datos con una noticia en la que, bajo el título “La subida del desempleo urge una reforma profunda del mercado laboral”, pide medidas “más efectivas” que contribuyan a evitar la disolución de sociedades mercantiles y a frenar la caída de la ocupación.

¿Qué medidas son esas? La primera, perentoria según la patronal, desarrollar una negociación colectiva en la que la productividad sea un factor fundamental. La segunda, afrontar sin demora la reforma del mercado de trabajo “en profundidad” y reducir los impuestos a los empresarios. Todos sabemos que aquí la crisis es peor porque el modelo económico valenciano de crecimiento, basado en el boom de la construcción, ha fracasado, arrastrando a empresas auxiliares, actividades vinculadas y otros sectores como el comercio la industria y los servicios. Porque en la industria predomina la de bienes de consumo, muy vinculados a las fluctuaciones de la demanda. Porque el gran peso de pymes, micropymes y autónomos, nos hace muy vulnerables a la crisis.

Sin embargo, en abril del año pasado COEPA defendía la construcción de 33 nuevos campos de golf, pese a la crisis del ladrillo. Que en octubre de 2008, el director general de la CAM pedía una amnistía fiscal para el dinero negro (unos 82.000 millones, según la AEAT).
Todos sabemos que las políticas de austeridad del gasto público y de reducción de impuestos a las empresas, no son la solución. Que la reducción de los salarios contribuye a empeorar la situación económica en lugar de aliviarla, pues la reducción de la masa salarial se traduce en una caída del consumo que provoca la disminución de la demanda. Para estimular la economía (y disminuir el paro) hay que incrementar la demanda a base de aumentar el gasto público de manera muy notable, pero no sólo en obras públicas, sino también en servicios públicos como la sanidad, la atención domiciliaria, las escuelas infantiles, la educación y la vivienda social, entre otros. La CGT denuncia la interesada y carroñera política de COEPA y los gobiernos autonómico y central, corresponsables de la actual situación de crisis con su apuesta por el ladrillo, y llama a los trabajadores y las clases populares a oponerse a “soluciones” que los conviertan en únicos paganos de una
crisis que no han provocado, mientras que los responsables de la misma, los ricos y los bancos, los especuladores, en lugar de estar encausados, gozan de ventajas fiscales para las rentas de su capital y de sus empresas. La crisis, que la paguen los ricos y los bancos.
Por la defensa del empleo, el poder adquisitivo y los servicios públicos Contra la precariedad laboral Basta de ERES y despidos salvajes Por la mejora de los salarios y las
prestaciones sociales Por una renta básica digna Por una moratoria en las hipotecas
Por un Fondo público y social frente a la crisis Por los derechos sociales y el reparto de la riqueza