Trabajadores de TRAGSA en lucha

La negociación del V convenio colectivo de las Brigadas Rurales de Emergencia está resultando polémica: el 6 de marzo, con pancartas y gritos de vendidos y traidores, decenas de brigadistas protestaron ante la sede de la empresa contra el acuerdo alcanzado
entre la Conselleria de Gobernación y los sindicatos CCOO-UGTUSO que comporta el despido de cerca de 500 brigadistas. Los afectados, en una asamblea celebrada en los locales de CGT, han elaborado un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo 23 de marzo con una concentración ante la sede de la Conselleria.
El secretario general de CGTTRAGSA, Pepe Verdaguer, señala que el acuerdo de convocatoria anual de oferta de empleo público “significa que 500 trabajadores con mucha experiencia, pero en situación de precariedad, se van a la calle y están obligados a examinarse una vez al año para optar a una plaza que ya están ocupando, si quieren trabajar.” Los brigadistas de emergencia tienen contratos de obra y servicio y más de cuatro campañas de experiencia. Peor aún, los que se presenten a la oferta de empleo de este año, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el 31 de marzo, se verán sometidos a una selección de personal sin garantías democráticas puesto que en las Bases de la convocatoria se estipula que “se efectuará una preselección entre todas las solicitudes recibidas en plazo y forma, y se convocará a los aspirantes preseleccionados a las pruebas (…) indicando fecha y lugar para realizar las pruebas de selección”.

De esta forma, los 500 brigadistas que llevan años desempeñando su labor, acumulando experiencia y que han superado satisfactoriamente las pruebas de contratación que se estipularon legalmente, están hoy en día en la calle, a expensas de ser preseleccionados
arbitrariamente, sin ningún criterio que se haya hecho público, y luego seleccionados mediante un test psicotécnico, un test de conocimientos generales, una entrevista personal y un reconocimiento médico.

Según los brigadistas, el nuevo convenio vulnera el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores y pone en peligro el medio natural y a los propios trabajadores, al obligar a todos los que lleven menos de 5 campañas trabajando a presentarse de nuevo a las pruebas y eliminar la figura del fijo en servicio, así como impedir
el acceso a nivel provincial como se venía haciendo hasta ahora. La pregunta es quién tiene interés en provocar este enredo. La respuesta parece obvia: los responsables de la conselleria de Gobernación, que pueden apuntarse el tanto de crear 500 nuevos puestos de trabajo (tras despedir a los 500 que ocupaban dichos puestos), y todos aquellos que puedan
acceder a dichas plazas, entre ellos los amigos y familiares de los firmantes del acuerdo.
Las Brigadas de Emergencia son un servicio público conocido popularmente como Bomberos Forestales, integradas dentro del servicio de emergencias de la Comunitat Valenciana 112 y, excepto en la Provincia de Alicante, son coordinadas por los Consorcios
de Bomberos, pese a que el servicio no está gestionado públicamente sino que es contratado a TRAGSA, empresa privada de capital público. El servicio se refuerza durante
la estación estival, casi hasta duplicar sus efectivos. El colectivo, totalmente indignado,
llama a la solidaridad del resto de personal de las Brigadas Rurales de Emergencia, reivindica el cumplimiento de la Ley 9/2002 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana (curso formación específico de emergencias y contratación automática de quienes tienen dos campañas de experiencia). De momento, sólo CGT y SPBE apoyan sus reivindicaciones¡Solidaridad con los brigadistas!

L’Ajuntament de Monòver reclassifica els laborals en indefinits

El Ple municipal del passat 13 de febrer aprovà el reconeixement del caràcter indefinit dels contractes d’obra i servici del personal laboral, així com la seua inclusió en la Plantilla de personal laboral fixe i la corresponent Relació de Llocs de Treball.
El Comité d’Empresa venia reclamant l’adopció d’aquesta mesura des de febrer de 2007, per tal d’acabar amb la precarietat laboral i la discriminació contractual que patien vint treballadors (quasi la meitat de la plantilla e laborals), alguns de fa 18 anys. La mesura beneficia a personal de Serveis Socials, Educació, Normalització Lingüística, Joventut, Mitjans de Comu nicació, Cementeri i Conserges de centres públics.
La moció del regidor de Personal considera que havien accedit als llocs de treball, inclosos en la Oferta de Treball Públic i pressupostats, després de superar els processos de selecció
establerts per la normativa i que venien desenvolupant les seues funcions més de tres anys consecutius, així com que els seus llocs tenen caràcter permanent i no conjuntural.
El Comité, que havia sol·licitat la reclassificació en personal laboral fixe convocà una assemblea de laborals per discutir la contraproposta de la empresa, de reco nei xement del caràcter indefinit dels contractes, amb l’objecte de comptar amb el recolzament dels treballadors abans de prendre cap decissió.