El año 2009, en cifras de muertes por “accidentes laborales”, dio un resultado “tramposo” y a la vez de alivio,
al morir menos personas que el año anterior. En términos cuantitativos murieron 826 personas. Durante el tiempo
de trabajo murieron 626 y de camino al trabajo o vuelta del mismo (in itinere) fallecieron 194.
Casi la mitad de las muertes se produjeron el sector servicios y de todas ellas (826), el 26,3% de esas muertes, es decir, 220 trabajadores, murieron en el sector de la construcción. Los infartos y las muertes por tráfico (transporte y traslados) supusieron el 50% de todos los accidentes mortales. |
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Esta cifra aliviadora (la media anual en los diez últimos
años sobrepasaba las 1.000 muertes laborales), no
se produce por una mejora en las condiciones de cómo
trabajamos, sino porque los empresarios decidieron despedir
a la gente y hay un bajón en la actividad productiva.
Que las personas asalariadas tengamos mejor o peor
salud en nuestros trabajos, depende no de nuestra libertad
individual de cuidarnos mejor o peor, sino de que los
empresarios, empleadores, directivos y mandos, organicen
el trabajo concreto (horarios, tipo de contratos, jornadas
laborales, sistemas de trabajo, ritmos, cualificación,
educación ambiental, etc.), pensando en las personas trabajadoras
como el primer bien a preservar, cuidar y desarrollar.
La realidad de los trabajos y de sus condiciones laborales
en cualquier sector de actividad productiva o de servicios
(industria, comercio, hostelería, construcción,
transporte, energía, campo…), demuestran y muestran
que, quien tiene por “ley” el derecho unilateral de organizar
el trabajo, los empresarios, lo hacen sólo y exclusivamente
pensando en su cuenta de resultados, en sus
beneficios.
Las personas trabajadoras nos vemos obligados a:
Desplazarnos con vehículos privados todos los
días, recorrer largas distancias hasta llegar al puesto
de trabajo.
Trabajar jornadas flexibles que se alargan en el
tiempo a diario más allá de la jornada legal y se modifican
horarios, turnos… en función de la “demanda”.
Realizar trabajos, tareas para las cuales no hemos
sido formados, cualificados y su contrario, realizar tareas
muy alejadas de nuestras cualificaciones.
Aceptar trabajos, cualquier trabajo y realizar funciones
en condiciones de riesgo cierto, bien físico,
bien psíquico, bien moral.
Y somos casi 19 millones de personas asalariadas
ocupadas; casi 5 millones de parados/as, los cuales sufrimos
a diario la agresión permanente en nuestra salud
laboral y social de esa “libertad del empresario para organizar
el trabajo”, no pensando en nuestras vidas, necesidades,
deseos, sino en su beneficio privado.
No son accidentes las muertes que se producen a diario
en los procesos productivos y de distribución de mercancías.
No son enfermedades “comunes”, las bajas
laborales, las incapacidades temporales.
Las muertes, las enfermedades y la mala salud laboral,
son responsabilidad principal y casi única, de los empresarios,
pues ellos por “ley” deciden cómo trabajamos,
cuándo trabajamos y cuánto “respeto” tienen por nuestras
vidas, nuestra dignidad y nuestra salud.
Secretaría de Salud Laboral de la CGT
Comité Confederal de la CGT
La Conselleria de Economía, requerida judicialmente
a presentar el expediente del Casino de La Vila
Una providencia del Juzgado Contencioso Administrativo
número 4 de Alicante ha reclamado a la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo el expediente administrativo
relativo a Casinos del Mediterráneo, expediente que
deberá ser remitido en el plazo de veinte días bajo la personal
y directa responsabilidad del jefe de la dependencia,
en original o copia autentificada, adjuntando copia simple,
completo, foliado y acompañado de un índice de los documentos
que contenga.
La providencia del magistrado-juez es la primera consecuencia
del recurso contencioso administrativo interpuesto
por el abogado del Comité de Empresa del Casino
de La Vila contra la citada Conselleria.
